En el desarrollo de estos artículos le vamos a dar contenido a
ese Estado que concebimos como formador, educador y un gran
hacedor y creador de ciudad, de espacios públicos, de armonía…
con sus ciudadanos. Un constructor de ciudadanía.
Decidimos comenzar con el Poder Judicial. El poder público
que administra la constitucionalidad y legalidad del Estado. Es
decir, premia y castiga, con el conjunto de normas que la sociedad
establece para conducirse, sus límites de actuación (Orden Social).
Este poder público del sistema político venezolano, que tiene como
norte la paz social, lo vamos a desdoblar desde su vertientes:
humana y normativa. Entendiendo que la una depende de la otra.
Para reflejar la parte humana traigo a colación una expresión
de mi padre, Dr. Luis Beltrán Salazar González, el hombre no
imparte justicia, “justicia la imparte Dios”, el hombre administra la
legalidad. Porque en definitiva en un sistema compuesto por seres
humanos, que se equivocan, son erráticos… debe hacer todo lo
posible para que los valores y principios democráticos y la ética
personal y profesional sean lo suficientemente sólidos, como para
defenderlos. Es este sentido sentenciaba, mi padre: ¡no importa
quien los proponga si luego hacen lo que deben hacer!
La importancia de esta talla ética y moral guarda relación con
que al manejarse en un marco normativo, que cuando lo tuercen, lo
manipulan y colocan a su servicio, le hacen un gran daño a la
sociedad. De allí cobra importancia la sociedad, una sociedad
vigilante, que esté presente para que no ocurran los desvíos o se
minimicen.
Por ello, que nuestro sistema judicial, de democracia
representativa en cohabitación con la participativa, abre en su
Capitulo III, del Poder Judicial y del Sistema de Justicia, en el cual
programa que la potestad de impartir justicia emana de los
ciudadanos, se imparte en nombre de la república y por autoridad
de la ley (art. 253 CRBV). Pero vemos que esa justicia que de debe
emanar de los ciudadanos esta desdibujada, absolutamente, en la
practica judicial. Los ciudadanos no pintan, por ninguna parte. Ni
son consultados para la aprobación legislativa, menos para la
designación de Jueces. Incluso se ha establecido una
discrecionalidad administrativa que impiden el acceso a la
información, que es un derecho constitucional, a los juicios, a las
actas, hasta a los documentos públicos. Lo cual hace que cada día
se ausente la ciudadanía del sistema judicial.
Los abogados que formamos parte de ese sistema como
auxiliares de justicia, hemos pasado a ser unos estorbos, que deben
salir del ruedo para dar paso a que sean los funcionarios los que le
digan a la gente lo que hay que hacer y como deben hacerlo. En la
idea errada de una predica socialista de control del Estado, de que
la gente debe estar en manos de las instituciones, única y
exclusivamente. La ley y el respeto por la gente en segundo plano.
Fortaleciendo un aforismo terrible, para el sistema mismo: para
mis amigos todo, para mis enemigos la ley.
Se habla de un Poder Judicial independiente con autonomía
funcional y financiera, pero eso no termina siendo así, porque la
intervención del Poder Ejecutivo en las decisiones del Poder Judicial
ha quedado al desnudo con los informes de los Derechos Humanos,
que todos conocemos. Con esto quiero dejar claro que el
funcionamiento del Poder Judicial difiere diametralmente de los
postulados constitucionales y legales, pero eso no es ahora, desde
años ha: el orden legal difiere de lo que efectivamente se hace. Es
una tarea pendiente desde tiempos de la COPRE.
El sistema judicial ha pasado a ser una telaraña de manejos
oscuros, que aleja a la ciudadanía. Todo es una puesta en escena
donde las normas están allí, pero no se aplican, tras bastidores
sucede lo inimaginable. Por estas razones el Poder Judicial en un
estado que se apellide ciudadano, debe garantizar el ejercicio de la
participación ciudadana. En este sentido, no sólo elegir los Jueces
sino evaluarlos y escrutarlos públicamente, para que atiendan al
espíritu y propósito de la ley y a ese sentir ciudadano que se anida
en Estado.
El Juez, como los demás funcionarios del sistema de justicia,
deben ser un ejemplo, un referente moral que les recuerde a la
gente que hay alguien que colocará las cosas en su lugar y que sus
desviaciones no tendrán buen fin. Que les genere miedo cuando
piensen en torcer la ley.
El Poder Judicial constituye el pilar moral ejemplarizante de la
sociedad. Por lo tanto, en un Estado Ciudadano los más aptos, los
más honorables, los más capaces serán los que administren justicia.
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@carlotasalazar