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Los Poderes Públicos en un Estado que se apellide Ciudadano (Parte I)

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Para comenzar este hilo de artículos de cómo serían los poderes públicos en ese
Estado Ciudadano, del que tanto hemos hablado, y seguiremos hablando y escribiendo,
debemos establecer conceptualmente dos instituciones que siempre se confunden y se les
da una connotación que no tienen. Se confunde régimen con sistema, con ideología y con
gobierno. Por ello, vamos a esclarecer lo que es régimen político, como el conjunto de
“…instituciones y valores que animan la vida de tales instituciones…” (Bobbio). Entonces,
el régimen recoge los valores de la sociedad y de las instituciones que le dan vida. El
instrumento que lo compila es la constitución, normas programáticas cargadas de
principios, valores e instituciones que son desarrolladas en la leyes.
Entonces cuando hablamos de régimen no podemos hablar del chavismo, que es
una ideología, ni de socialismo que es un modo de producción…
En Venezuela la Constitución de la República Bolivariana (1998) recoge un régimen
político: democrático, participativo, electivo, descentralizado, alternativo, responsable,
pluralista y de mandatos revocables (Art. 6), en base a los valores de la vida, libertad,
justicia, igualdad, solidaridad, democracia, responsabilidad, con preeminencia de los

derechos humanos, ética y pluralismo (Art. 2), es un estado federal, descentralizado, que
se rige por los principios de integridad territorial, cooperación, solidaridad, concurrencia y
corresponsabilidad (Art. 4).
Ahora ¿Qué es el sistema político? “…conjunto de instituciones, de grupos y de
procesos políticos caracterizados por un cierto grado de interdependencia recíproca…”
(Bobbio) ¿Qué hace el sistema? Materializa, ejecuta los valores contenidos en el
constitución, a través de las instituciones.
El régimen político sería el cielo abierto y el sistema las estrellas.
Así, nuestro sistema político distribuye el poder público, entre: el poder municipal,
el poder estatal y el poder nacional (eje vertical). Mientras, que el poder nacional se divide
en: legislativo, ejecutivo, judicial y electoral (eje horizontal). Cada uno con sus funciones
propias, pero en colaboración para cumplir con, esa expresión muy trillada, repetida y sub
utilizada en el inframundo de la mentira y la manipulación como son: los fines del Estado.
En Venezuela existe una verdad como un templo: el marco constitucional y legal
(orden social) es diametralmente opuesto a la realidad social. Conseguimos las cosas
jugando a vivo, pasando por encima de quien sea, la ley esta para incumplirla… máximas
sociales. Pero, no es nuevo. Desde el acátese pero no se cumpla, del sello de la colonia,
pasando por las virtudes republicanas, que no teníamos, que nunca habíamos conocido,
denunciadas por Bolívar en el Manifiesto de Cartagena, por las constituciones de papel
criticadas por Laureano Vallenilla Lanz, hasta el ropaje federal del que habla Brewer
Carias.
Dicotomías que perduran. De tal suerte que, cuando decimos que somos federales,
los Estados dependen del poder central; que hay descentralización y se oye un grito desde
Caracas, que los pone firme; se dice plural pero se criminaliza la oposición; se dice
solidaria pero las largas colas que tienen que hacer los ancianos para cobrar una miserable
pensión, no inspiran ese sentimiento; tampoco cuando en los hospitales piden a un
moribundo medicinas y los implementos para atenderlo; menos en las escuelas donde las
clases se imparten en condiciones deplorables…y pare de contar.

El mayor irrespeto a la constitución es que el 65% de su articulado programa el
derecho constitucional a la participación ciudadana, pero ese espacio de participar ha
quedado controlado por el partido de gobierno.
Y lo mismo ocurre con el Sistema Nacional de Planificación, que es el eje
fundamental de nuestro sistema político, a través del Consejo Federal de Gobierno (Art.
185, CRBV), del Consejo de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas (Art. 166,
CRBV), y del Consejo Local de Planificación Pública (CLPP) (Art. 182, CRBV); ha quedado
reducido al papel sin cumplir con el rol para el cual se diseñó.
El derecho a la información (Art. 51) es letra muerta. Ni siquiera para los
documentos públicos, como si fueran una reserva del gobierno. Exigir el presupuesto de
un Estado o el situado constitucional de una alcaldía ha pasado a ser un delito de lesa
patria. La administración pública, tirios y troyanos, de todos los partidos políticos,
diferentes ideología; funciona como una caja negra.
¿Cómo cambiamos esta realidad? Después de mucha agua bajo el rio, tantos
desaciertos y otros aciertos, en medio del personalismo, corrupción, clientelismo… que
nos colocó, en el hoy y ahora, con la mayor crisis política, económica y social de toda su
historia. Es obvio que hay que cambiar ¡Pero no podemos cambiar haciendo lo mismo!
¿Qué debemos cambiar? El sistema político de cogollos y cumplir la CRBV.
Compartir la toma de decisiones en el diseño de políticas públicas, con la ciudadanía. Y eso
puede ocurrir sólo en un Estado Ciudadano.
Un Estado Ciudadano en cuyo sistema político se concibe una administración
pública deliberativa que se enmarque, como dice Brugé, la necesidad de democratizar la
democracia. En cuanto a la necesidad de gobernar para brindar satisfacción a los
ciudadanos, incluyéndolos en la gestión, tomándolos en cuenta en sus propuestas y tomar
decisiones con ellos. Cuesta más, es más lento, pero es más seguro y perdurable en el
tiempo y lo más importante cada decisión que cuenta con la opinión favorable de la gente

genera satisfacción, sentimiento de pertinencia, saberse reconocidos y considerados. Lo
cual tiene una importancia superlativa para que la sociedad se deslastre el individualismo,
la desesperanza y la desconfianza.
Se trata de un proceso pedagógico y de aprendizaje social capaz de generar valor a
las políticas públicas, que genere capital social. En los próximos artículos vamos a ir
desarrollando cómo concebimos los poderes públicos programados en la CRBV en un
Estado Ciudadano.

Carlotasc@gmail.com
@carlotasalazar

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